POR APROBAR LA MACROGRANJA DE LA PUEBLA DE DON FADRIQUE

Al aprobar el Plan Especial de esta explotación porcina no ha tenido en cuenta la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ni las directivas europeas de hábitats y aves.

Acepta la administración andaluza que la construcción de estas instalaciones son de utilidad pública, requisito exigido por la LOUA para poder desarrollarlas en terrenos no urbanizables.

El único argumento que da la empresa para justificar el interés social de su proyecto es la creación de puestos de trabajo (que después serán bastantes menos, como se puede comprobar estudiando la demanda laboral en otras explotaciones porcinas) y lo bien que le viene a la empresa (no a la sociedad) ubicarlas en la zona, ya que estiman que al situarlas allí tendrán una productividad de hasta un 20% superior a otros lugares.

Hay numerosas sentencias judiciales, tanto del tribunal Supremo, como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se rechaza que se pueda considerar una actuación de interés público por la sola creación de puestos de trabajo (ya que  cualquier actividad empresarial sería de utilidad pública) y que el verdadero interés público está en la garantía de los derechos constitucionales, que al final es lo que justifica la existencia del Estado y sus potestades. Entre estos derechos están el derecho a la protección del medio ambiente (Art.45 CE) y a la salud (Art. 43 CE).

Por otra parte la Consejería de Medio Ambiente no ha tenido en cuenta el daño que el funcionamiento de estas explotaciones supondría para las poblaciones de aves  esteparias, todas ellas protegidas por la ley y algunas en serio peligro de desaparecer. El hecho de verter anualmente más de medio millón de metros cúbicos de purines sobre zonas consideradas IBA (Áreas de Importancia para las Aves) o ZIAE (Zonas de Importancia para las Aves Esteparias, según la propia Junta de Andalucía) la administración lo zanja aprobando, como medida de protección, la construcción de tres bebederos para esta aves.

El desprecio de la autoridad ambiental andaluza hacia estas aves protegidas por la legislación europea y nacional (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) debe ser sancionada por la justicia en consonancia con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión (Sala Quinta) de 24 de noviembre de 2016 (Asunto C-461/14) donde se condena la Reino de España al no adoptar las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies protegidas, precisamente al aprobar el paso de una línea de AVE en zona de protección de aves esteparias en la provincia de Sevilla.

Junto al Plan Especial también se aprueba el Estudio Ambiental Estratégico, que es una mezcla de despropósitos y de mentiras entremezcladas, ante las que la Junta de Andalucía ha preferido mirar para otro lado a pesar de las alegaciones que se presentaron en su momento.

El tema del consumo de agua es muy grave. Hay una falta de previsión respecto a los consumos de agua, pues si se considera que se va a detraer del acuífero 171.000 m3 anuales de agua de buena calidad (se saca de otra captación una cantidad similar, pero no la consideramos por la alta salinidad del agua) estamos hablando del agua que consumiría una población de casi 2.500 habitantes.

Teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona semiárida, donde hay varias pequeñas poblaciones que se abastecen del acuífero, como Bugéjar, que ha visto descender alarmantemente el caudal de su fuente por las excesivas extracciones de agua del acuífero y Topares, que además ya sabe lo que es no poder consumir su agua potable por exceso de nitratos- y más habría tras las aportaciones que supondrían los vertidos de purines de las granjas proyectadas- el impacto futuro sobre el  abastecimiento de agua potable a las poblaciones podría ser determinante.

En este estudio ambiental estratégico se miente de forma descarada al dar los datos de la superficie de suelo agrícola del que dispone la empresa para tirar los purines de acuerdo a la normativa vigente. Habla en su documento de alrededor de 900 hectáreas (en varios apartados dan cifras distintas), nuestros cálculos son poco más de 600 hectáreas y la Junta les admite (no dicen de donde sacan el dato) 712 hectáreas.

Este terreno no es suficiente, ya que la producción de nitrógeno que se va a aportar al terreno (según datos oficiales) es de 210.435 kg, por lo que sería necesario disponer de 1.000 hectáreas para verter los purines y no las 712 que admite la junta.

Esperamos que mediante este contencioso administrativo que se presenta, la justicia frene la construcción de esta macrogranja, que no es sino un ejemplo más de la expansión desorbitada de explotaciones porcinas en la provincia de Granada, que mediante el sistema de integración (las instalaciones y el trabajo los pone el propietario y la gran industria le proporciona los cerditos, los piensos y los antibióticos) y aprovechando la legislación vigente, que permite granjas al límite legal de capacidad para no hacer estudios ambientales (menos de 2.000 o 2.500 cabezas según el tipo de cerdo) están proliferando por la provincia, con el visto bueno de alcaldes y el malestar general de la población que sólo gana en malos olores y problemas ambientales y que se calla creyendo la promesa de creación de puestos de trabajo, algo falso, ya que dos personas bastan para manejar una granja de 2.400 cerdos (datos extraídos de los mismos proyectos presentados por las empresas). Baste como ejemplo de “futuro para el pueblo” el caso de Castilléjar, donde hay otra macrogranja de la misma empresa:
Año 2006, cuando empieza a funcionar la macrogranja de CEFUSA : Población 1619 habitantes, parados 43, tasa desempleo 7,25%
Año 2017, con CEFUSA más otras granjas nuevas: Población 1344 habitantes, parados 93, tasa de desempleo 18,01% . Datos del INE.

Año

CEFUSA

Habitantes

Parados

Tasa Desempleo

2006

NO

1619

43

7,25%

2017

SI

1344

93

18,01%

Se adjunta mapa de situación de la explotación porcina dentro de las zonas IBA y ZIAE

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