hay que proteger los derechos de la tierra y el territorio

  • 191 organizaciones dirigen una carta a la Unión Europea reclamando que la futura norma sobre deforestación importada proteja a comunidades que cuidan los bosques.

La propuesta de Reglamento sobre deforestación, discutida actualmente por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, debe exigir a las empresas que respeten los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales sobre sus tierras, territorios y recursos o, de lo contrario, incumplirá sus objetivos. Así se manifiestan 191 organizaciones indígenas, ecologistas y de derechos humanos de 62 países en una carta abierta a las distintas instituciones de la UE.

En los territorios de estas comunidades se ubica gran parte de los bosques mejor preservados del mundo, que sufren la violencia por parte de multinacionales de la agroindustria que siembran soja o producen carne, la tala ilegal y otras industrias como la minería cuyos productos se comercializan en el mercado europeo.

La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre productos libres de deforestación propone restringir las importaciones de productos agropecuarios – carne de vacuno, cacao, café, aceite de palma, soja y madera – cultivados en tierras que fueron deforestadas después de 2020, pero no establece prohibiciones efectivas a los productos asociados a violaciones de derechos humanos, conforme a los instrumentos internacionales.

A nivel global, la agricultura industrial es la actividad que más contribuye a la deforestación y pérdida de biodiversidad, y la destrucción ambiental conlleva violaciones de derechos humanos de las comunidades que dependen de los bosques. Muchas de las corporaciones más poderosas que provocan la deforestación no han adoptado políticas para eliminarla de sus cadenas de suministro, y las que sí las adoptaron, no han actuado para que se cumplan.

«La principal carencia de la propuesta de la UE es que no obliga a las empresas a cumplir con los estándares internacionales en relación con nuestros derechos sobre la tierra», señala Puyr Tembé. «El mundo sabe que la falta de protección de nuestros derechos ha sido un desastre para la Amazonia y ha expuesto a los líderes indígenas a la violencia de ganaderos, madereros y otros invasores», denuncia el líder de la Coordinadora Ejecutiva de la Federación Estadual de Pará de Pueblos Indígenas (FEPIPA).

Entre los firmantes de la carta se cuentan 22 organizaciones indígenas provenientes de 33 países, incluidos socios comerciales claves de la UE como Brasil, Indonesia y Malasia, que son los principales productores de importaciones de soja, aceite de palma y caucho destinadas a la UE. Las organizaciones firmantes representan a cientos de miles de pueblos indígenas.

«En toda Indonesia, los pueblos indígenas están sometidos a una inmensa presión por parte de las empresas que quieren explotar nuestros bosques, incluso para cultivar productos destinados a los consumidores europeos», señala Rukka Sombolinggi. «La actuación de la UE para abordar su responsabilidad en la deforestación mundial es importante, pero los legisladores de la UE también deberían garantizar que los mercados europeos no contribuyan al desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras», destaca la secretaria general de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia.

En los próximos meses, el Parlamento Europeo y los Estados Miembros de la UE tienen la oportunidad para mejorar y aprobar el Reglamento sobre productos libres de deforestación. Los firmantes de la carta instan a los Estados Miembros de la UE a que aseguren que el Reglamento exija a las empresas que respeten los derechos a la tierra y sobre el territorio de las comunidades. Como parte de esta obligación, las empresas también deberían prevenir cualquier riesgo que sus operaciones o las de sus proveedores puedan conllevar para quienes defienden los bosques.

«La responsabilidad de Europa por haber privado a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de sus tierras se remonta a siglos atrás y los sistemas jurídicos poscoloniales nunca han reconocido plenamente los derechos sobre las tierras que corresponden a estas comunidades», explica Julia Christian. «La UE debe incluir en el Reglamento que proteja esos derechos al cumplir con los estándares internacionales», concluye la activista de FERN, organización en defensa de bosques y derechos humanos.

Numerosos estudios demuestran que los pueblos indígenas y las comunidades locales son quienes  mejor protegen la naturaleza. Los pueblos indígenas administran la mitad de los grandes bosques del planeta, los cuales almacenan más carbono y tienen menores tasas de deforestación y degradación en comparación con otras áreas. Sin embargo, en todo el mundo, a los pueblos indígenas y las comunidades locales que tradicionalmente han tenido derechos de tenencia se les quitan o niegan derechos sobre sus tierras, y son atacados, amenazados y asesinados por defender sus territorios, a menudo frente a actividades de índole comercial.

«Es gracias a la presión y movilización durante años, que la UE ha tenido que aceptar que solo una legislación con carácter vinculante puede regular las cadenas de suministro para erradicar la deforestación», observa Tom Kucharz, pero «ahora el Gobierno de España debe exigir que todas las empresas reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y cumplan con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos».

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